El recorrido de la descentralización

Tras el regreso a la democracia, el país enfrentó una serie de desafíos para avanzar en su desarrollo. Uno de los temas recurrentes que surgió fue la descentralización del Estado, que se consideró crucial para fortalecer la institucionalidad territorial, y mejorar la calidad de vida de las personas en todas las regiones del país.

Este proceso de descentralización se llevó a cabo gradualmente, a través de acuerdos políticos que se plasmaron en diversas reformas institucionales. Además, contó con la contribución de organismos públicos, privados y académicos, tanto nacionales como internacionales, que realizaron diagnósticos y propuestas en esta materia.

A inicios de los años 90, luego del proceso de regionalización y desconcentración de los años previos, se inició un camino que generó la democratización de las autoridades municipales. Alcaldes y alcaldesas fueron electos por concejales inicialmente, para ser elegidos de manera directa por la ciudadanía desde el año 2004.

A nivel regional, los años 90 estuvieron marcados por la creación de los gobiernos regionales, organismos encargados del desarrollo social, cultural y económico de cada región, capaces de gestionar inversión para el desarrollo de sus territorios. Estuvieron constituidos legalmente por consejeras y consejeros regionales -electos en principio de manera indirecta por los concejales municipales-, y por los antiguos intendentes e intendentas, designados por el Presidente de la República.

Entre los años 90 y el primer decenio de los 2000, se generaron distintas reformas a nivel comunal y regional, que incluyeron la creación de nuevas comunas y regiones, el perfeccionamiento a las rentas municipales, la incorporación de instrumentos de planificación y gestión, además de dotar a las municipalidades y gobiernos regionales de variadas funciones y atribuciones.

El segundo decenio de los años 2000, estuvo marcado por la profundización del proceso descentralizador, a través de diversas reformas constitucionales y legales que fortalecieron el rol de gobiernos regionales y municipalidades como entidades responsables del desarrollo económico, social y cultural en sus territorios.

En dicho periodo se materializó la elección directa de las consejeras y consejeros regionales, realizada por primera vez el año 2013, además de la tramitación y aprobación legislativa de la elección de la nueva figura de las gobernadoras y gobernadores regionales. Junto a ello, se dio inicio a los procesos de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales.

En la actualidad, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha asumido un fuerte compromiso con la descentralización, siendo uno de los cuatro ejes transversales de su programa de gobierno. Durante su mandato, entre otras materias:

• Se desarrolla gran parte del primer ejercicio en sus funciones de los gobernadores y gobernadoras de Chile, que vino a finalizar el proceso de democratización de las autoridades subnacionales, dibujando un nuevo escenario de relación entre la administración regional y el nivel central.

• Se inicia el proceso de transferencia de competencias en régimen de las reformas del año 2018, estableciendo acuerdos previos en la materia, en conjunto con la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (AGORECHI) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

• Se inicia el proceso de constitución y administración de áreas metropolitanas, a través de las cuales se busca coordinar de mejor forma políticas públicas en un espacio territorial distinto, desde los gobiernos regionales, con una estrecha articulación con los alcaldes y sectores, en materias como transporte, tránsito, conectividad, movilidad y espacio público, vivienda, obras públicas, medio ambiente y gestión de los residuos domiciliarios.

• Se implementan los planes de desarrollo de zonas rezagadas, propuestos por el respectivo gobierno regional, entendidos estos como instrumentos de orientación e inversión, cuyo objeto es potenciar un determinado territorio y la superación de sus brechas sociales.

• Se publica la política nacional de zonas extremas, cuyo principal objetivo es promover la convergencia de territorios así definidos al proceso de desarrollo del país de forma permanente, fomentando que sus habitantes tengan acceso a servicios sociales y oportunidades continuas para su bienestar personal y social.

• Se publica la Ley de Royalty, que indica que un porcentaje de la recaudación del impuesto a la gran minería se destine directamente a fondos en beneficio de los gobiernos regionales y municipalidades.

• Se inicia la tramitación del proyecto de ley denominado “Regiones Más Fuertes”, cuyo objetivo es dotar a los gobiernos regionales de mayor autonomía, capacidad de generar ingresos propios, y transparencia en la gestión de los recursos.

Finalmente, se destaca el compromiso de la elaboración participativa de la Política de Descentralización de Chile, cuyo itinerario contempla el desarrollo de una serie de instancias señaladas en esta misma página.

Dicha Política prevé el diseño de una hoja de ruta que trasciende al gobierno, para la construcción de un Estado más descentralizado, y a través de ello, contribuir a un desarrollo más justo y equitativo de las diversas comunidades territoriales.